Introducción: cuando la ley no es igual para todos
Hablar de cannabis es hablar de racismo. A pesar de que el uso de esta planta se da en todos los sectores sociales, las consecuencias legales y sociales recaen de forma desproporcionada sobre comunidades racializadas. La descriminalización, aunque celebrada como avance, muchas veces no alcanza para revertir las profundas desigualdades históricas que atraviesan la política de drogas. Este texto propone una reflexión crítica sobre el vínculo entre cannabis y justicia racial en el contexto latinoamericano.
Criminalización selectiva: el rostro del racismo estructural
Las estadísticas no mienten: en numerosos países, las personas negras, indígenas y pobres son detenidas, juzgadas y encarceladas por delitos de drogas -principalmente relacionados con el cannabis- en proporciones mucho mayores que sus pares blancos o de clases medias. No porque consuman más, sino porque están más expuestas al control policial, a la violencia institucional y a los prejuicios judiciales. El sistema penal no persigue sustancias, sino cuerpos.
Descriminalizar no basta: el racismo se reinventa
La eliminación de sanciones penales por posesión o uso de cannabis es un paso necesario, pero insuficiente. El racismo estructural encuentra nuevas formas de operar incluso en contextos de reforma:
- Mayor vigilancia en territorios racializados
- Discrecionalidad policial para detener y hostigar
- Negación de licencias de cultivo o venta a personas negras e indígenas
- Exclusión del mercado legal por falta de recursos o antecedentes penales
Así, la descriminalización puede terminar beneficiando solo a quienes ya estaban protegidos por su posición social o racial.
Reparación racial: una deuda pendiente
Para que exista justicia racial en la política de drogas, es imprescindible avanzar en medidas de reparación:
- Eliminación retroactiva de antecedentes penales
- Liberación de personas presas por delitos menores relacionados con el cannabis
- Acceso preferente a licencias de producción y comercialización
- Apoyo económico y técnico a iniciativas lideradas por comunidades negras e indígenas
- Participación activa en la elaboración de políticas públicas
Sin reparación, la descriminalización corre el riesgo de consolidar nuevas desigualdades bajo una fachada progresista.
El cannabis como territorio de lucha antirracista
El activismo cannábico racializado ha transformado el debate público en muchos países. Mujeres negras cultivadoras, líderes indígenas defensores de plantas sagradas, colectivos afrodiaspóricos y juventudes periféricas han denunciado no solo la violencia de la prohibición, sino también el racismo dentro del propio movimiento cannábico. Su lucha no es solo por legalizar la planta, sino por democratizar el acceso, redistribuir el poder y sanar las heridas del colonialismo.
Casos emblemáticos en América Latina
- Brasil: las personas negras representan más del 70% de la población carcelaria por drogas, a pesar de consumir menos que los sectores blancos.
- Colombia: campesinos indígenas cultivadores de cannabis y coca han sido criminalizados, mientras grandes empresas obtienen licencias legales.
- México: pueblos originarios siguen siendo perseguidos por cultivos tradicionales mientras el mercado legal se orienta hacia inversionistas urbanos.
Estos ejemplos revelan que sin justicia racial, no hay verdadera reforma.
Hacia una política de drogas antirracista
Una política cannábica antirracista debe:
- Reconocer el racismo como eje estructurante del prohibicionismo
- Incluir voces racializadas en todos los espacios de decisión
- Garantizar representación y poder económico en el mercado legal
- Impulsar procesos educativos que cuestionen los estigmas coloniales
- Recuperar conocimientos ancestrales sobre el uso de plantas para la sanación colectiva
Descriminalizar es solo el comienzo: el horizonte debe ser la justicia reparadora y la equidad racial.
Conclusión: descriminalización con conciencia racial
Legalizar sin reparar, incluir sin redistribuir, celebrar sin escuchar... todo eso corre el riesgo de repetir violencias con otros roupagens. Por eso, toda política de drogas que quiera ser justa, ética y transformadora debe enfrentarse al racismo de forma frontal. Porque la verdadera liberación del cannabis no está sólo en las leyes, sino en la dignidad de todos los cuerpos que históricamente ha curado y que, paradójicamente, fueron perseguidos por ello.